Las mujeres entre 18 y 39 años son las principales víctimas de femicidios y muertes violentas en Panamá, periodos en donde las dinámicas de la actividad sexual y la convivencia en pareja, tienden a ser más complejas. Esta es una de las pocas conclusiones que se pueden obtener trabajando con los datos que publica mensualmente la Procuraduría General de la Nación.

A pesar que nos gustaría poder contribuir en mayor medida en el desarrollo de políticas públicas para la prevención y difusión de este tipo de delitos, resulta poco probable que en el corto y mediano plazo se pueda establecer un perfil estadístico que nos permita identificar con mayor certeza el grado de vulnerabilidad que enfrenta una mujer con determinadas características.

El Ministerio Público viene transmitiendo estos datos desde enero de 2014, pese a ello, podemos afirmar que los mismos arrojan poca o ninguna luz para comprender y relacionar los asesinatos de mujeres con otros planos sociales, económicos y culturales. Podríamos hablar de 5 años perdidos en materia de data, a menos que la Procuraduría preserve esta información fuera del dominio público, posibilidad que acogemos con reserva.

El problema fundamental de trabajar con datos estatales va más allá de las dificultades de extracción de los mismos, detalle de carácter cuantitativo que obliga a investigadores y periodistas a ocupar largos periodos de tiempo solo en transcribir, validar y dar el formato apropiado a la información. Se trata, por decir lo menos, de una deficiencia en la capacidad institucional para valorar adecuadamente la utilidad de los datos recabados. No pecamos de alarmistas al señalar que es un abismo de incertidumbre el que separa la información recabada de la necesaria. Debemos superar la recolección de datos a nivel anecdótico que se da actualmente, a una cuya vocación sea científica, orientadora de las políticas públicas y fundamento de una legislación avocada al cumplimiento efectivo de sus propósitos.

Cuando Urania Ungo y su equipo de investigadoras presentaron en 2008 su estudio «Femicidio en Panamá» cuyo análisis comprendía delitos registrados entre el año 2000 y 2006, se destacó en la introducción de aquella obra lo siguiente: 

«pese a la voluntad del equipo investigador, el producto final contiene algunas limitaciones derivadas de la calidad de la información, vale decir a la forma y criterios con que se recogen en el país, por parte de los organismos gubernamentales responsables, los datos sobre la criminalidad, las muertes violentas de personas y los distintos enfoques evidentes en los registros y sus clasificaciones».

Al día de hoy, casi 10 años después, nos hacemos eco de aquella crítica y exhortamos a las autoridades a superar los análisis superficiales de tipo -Provincia con mayores femicidios* o Principal Arma utilizada**-, a hacer investigaciones integrales que nos permitan tener un panorama amplio y claro de la situación. Se debe recabar información de carácter socio-económico, educativo, étnico, familiar, etc. Mejorar las estadísticas existentes respecto a la edad, detalles geográficos de los casos y uniformar los informes para que tengan consistencia. Las decisiones basadas en datos no solo nos permitirán obtener mejores resultados, también podremos optimizar el uso de los recursos y, ¿por qué no?, salvar vidas.

*Desde enero del 2014 al mes de octubre de 2019 se contabilizan en la provincia de Panamá 44 víctimas de femicidio y 55 por muerte violenta.

**Arma Blanca (50 registros) es el principal tipo de arma para cometer femicidios, mientras que en las muertes violentas de mujeres lo es la Arma de Fuego (69 registros).